Consejo Estatal de la RSE en España y ¿ahora cómo?
Las alianzas público-privadas y la RC de la Administración deberían ser dos de sus prioridades
Núm. 191 | 19.02.2008
La llegada de un Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas es una noticia de notable interés para la evolución de esta materia en España. Indica, sin duda, la voluntad del Gobierno de jugar algún papel en su desarrollo y le dota de cierta institucionalidad.
Es muy pronto, sin embargo, para echar las campanas al vuelo. Lo aconsejable es la prudencia, la toma de distancia y la consideración de que lo relevante no es el nacimiento del Consejo sino cuál vaya a ser su función. Aunque se han anticipado algunos datos al respecto, la información todavía es imprecisa.
En esta línea, esperamos que el Consejo supere los lugares comunes de la difusión, sensibilización y desarrollo de la Responsabilidad Corporativa para apropiarse de atribuciones más propias de su naturaleza. Es decir, las de un órgano de carácter estatal tan diverso en su composición y, por tanto, capaz de dar una visión amplia de la realidad social y ambiental española. Por ejemplo, sería interesante que asumiera, entre otros, dos objetivos: orientar las alianzas público-privadas y sustanciar una política de responsabilidad social para la Administración Pública.
La globalización obliga cada vez más a utilizar un modelo de gestión económico, social y ambiental que requiere del trabajo conjunto de todas las partes. Gobiernos, empresas y organizaciones civiles se deslizan hacia nuevos espacios de convivencia y trabajo para afrontar los problemas que afectan a la sociedad en su conjunto. Aunque ya se ha producido cierto grado de evolución natural en este proceso, fruto de la urgencia de asuntos como el cambio climático, es conveniente fomentar esta dinámica y desarrollar un aprendizaje en este tipo de alianzas. El Consejo, como instrumento público que desea promover el compromiso social y ambiental privado, debería ser la entidad pública que creara un marco de trabajo para estas colaboraciones.
En concreto, un Consejo Estatal de la RSE sería la plataforma perfecta para definir los asuntos prioritarios de intervención social y ambiental en España. Un diagnóstico de este tipo tendría dos efectos positivos. Por un lado, constituiría una herramienta inestimable para alinear esfuerzos públicos y privados -potenciando la eficiencia y el impacto de las iniciativas tanto individuales como conjuntas-, lo que sin duda permitiría profundizar en los problemas más relevantes, alcanzar mayores logros y facilitar mediciones más precisas de estos mismos impactos. Esta información se convertiría, por otra parte, en un elemento de referencia para las entidades que evalúan a las empresas españolas en términos de sostenibilidad. Conocidos los problemas y necesidades, podrían entrar a valorar la coherencia de las políticas de RC de las compañías con mayor objetividad.
A través del Consejo Estatal de RSE la Administración podría encontrar un nuevo espacio para la colaboración internacional con las multinacionales españolas. Si el Consejo tuviera atribuciones específicas en el campo de las estrategias y colaboraciones vigentes en la cooperación internacional sería viable afrontar una difusión estratégica y organizada de las prácticas empresariales de RC fuera de nuestras fronteras. Los Fondos de Ayuda al Desarrollo y los Mecanismos de Desarrollo Limpio son algunos ejemplos de dinámicas de trabajo público-privado directamente relacionadas con la RC que ya están en funcionamiento.
Tal idea viene reforzada por el hecho de que las empresas multinacionales españolas y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) mantienen intereses comunes que se podría formalizar en una política conjunta de Responsabilidad Corporativa, articulada desde este Consejo Estatal. La celebración en noviembre del segundo taller de RSE de Fundación Carolina titulado "La cooperación exterior en América Latina: las empresas españolas y las alianzas público-privadas"; y el contenido del Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, apuntan en esta dirección.
Precisamente este último documento afirma que la Cooperación Española "dirigida a aumentar las capacidades económicas, atenderá, preferentemente, a estos seis aspectos: apoyo a la micro y pequeña empresa y a la empresa de economía social; fortalecimiento de los sectores productivos; dotación de infraestructuras; fortalecimiento de las capacidades institucionales; apoyo a la inserción internacional; y apoyo a las cooperativas de comercio justo". Un enfoque compartido por los proyectos de Responsabilidad Corporativa de muchas multinacionales que apuestan por las mismas líneas de intervención.
Por último y no menos importante, el Consejo Estatal de la RSE debería venir a desarrollar la responsabilidad social y ambiental de la propia Administración del Estado y de todo el entramado de empresas públicas que de ella dependen. Es prioritario que el Consejo profundice en la coherencia del discurso público de promoción de la RC y lo aplique a sus propias actividades, asumiendo sus estándares y principios para ponerlos en práctica en todas sus herramientas de gestión. La empresa pública es en cualquier caso empresa y el Estado, el mayor gestor y administrador, por tanto, no puede eximirse de la práctica y el ejercicio de la Responsabilidad Corporativa. El ejemplo de otras administraciones europeas, como la británica, pone de manifiesto cuán lejos se encuentra España de la vanguardia en estos temas.
El Consejo Estatal de la RSE puede llegar a ser un potente dinamizador de la Responsabilidad Corporativa, elevando su grado de eficiencia, impacto y difusión. Una verdadera herramienta del siglo XXI definida por la innovación, el conocimiento y el compromiso social que lleve a las empresas y la Administración española a ser un referente en Responsabilidad Corporativa. Esta debe ser la apuesta, sin embargo, por ahora lo que queda es mantenerse a la expectativa.
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